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Artículo Publicado en el Periódico Domine Cultural Nº 16


Patrimonio, entre el bien común y el individualismo
por
Jorge Kulemeyer*

Indudablemente la cuestión del patrimonio cultural va ocupando rápidamente espacios cada vez más importantes y no solo entre los especialistas que, por cierto, provienen de muy diversos campos disciplinarios. Ante la creciente importancia de la gestión del patrimonio en las sociedades de mayor poder adquisitivo, nuestro país acompaña o es parte de dicho proceso desde las implicancias, posibilidades y adecuaciones que genera su propia diversidad organizativa. El concepto va conociendo de patrimonio acepciones cada vez más diversas y la gama de los que se reconocen y/o ejercen como versados en el campo de la gestión del patrimonio es día a día más amplia. Hoy en día el patrimonio no solo se compone de la herencia cultural sino que, en la práctica, alcanza muy diversos elementos propios de la sociedad contemporánea, especialmente aquello que se selecciona, más o menos arbitrariamente, como capaz de ser gestionado a partir de una matriz cultural, científica, tecnológica, pedagógica, científica, social y económica. Se viven tiempos de cambios tecnológicos cada vez más rápidos y abarcativos que, a su vez, dan lugar a nuevos paradigmas cuya ocurrencia requiere de registro y toma de conciencia.

La gestión del patrimonio cultural y natural se ha convertido en un referente que alcanza ribetes de omnipresencia en toda planificación del espacio de las sociedades interesadas en lograr una mejor calidad de vida. Es que de una adecuada consideración de las virtudes y características del patrimonio resulta una matriz en la que quedan involucrados factores medulares del ordenamiento territorial, el conocimiento, la cultura, la educación, el esparcimiento y, consecuentemente, la identidad y la economía. Para ello es necesario aunar criterios y voluntades en los que el diálogo e intercambio interdisciplinario de conocimientos y experiencias resulta un punto de partida indispensable. Una sociedad es más pobre cuanto menos tenga en cuenta la importancia y posibilidades asociadas al patrimonio cultural y natural.

La magnitud y eficacia de la atención que se ofrece al patrimonio no depende tanto de las características originales y actuales de los bienes implicados en las acciones que en torno a el se proponen sino que, mucho más, de las peculiaridades de la vigente estructura socio-económica y política responsable de su gestión. En suma, la calidad de la gestión del patrimonio es resultado de las virtudes, voluntades, aptitudes y paradojas de la sociedad contemporánea. La materia es vista y propuesta como una multifacética alternativa de gestión pública social, laboral y económica en la que se puede encontrar respuesta satisfactoria a diversas problemáticas. Una especie de panacea en la que se pueden encontrar respuestas positivas a situaciones individuales y colectivas.

Este fenómeno de crecimiento del interés por el patrimonio viene acompañado por el incremento cada vez más masivo de las posibilidades de acceso, intercambio y uso de la información que cada vez es menos susceptible a ser monopolizada. Las comunicaciones, incluyendo aquellas que permiten el traslado de personas, son cada vez menos restringidas. En este contexto global surgen y se comparten conocimientos que implican desafíos y cuestionamientos a las estructuras tradicionales de manejo del poder en sus distintas versiones. Esta realidad alcanza especialmente al campo de los derechos individuales y colectivos de las personas y de la que el patrimonio es un ejemplo más, funcionalmente entrelazado al resto (democracia, minorías, medio ambiente, género, salud, educación, justicia, medio ambiente, etc, etc).

En las sociedades contemporáneas más asimétricas el ordenamiento territorial se da especialmente en base a lo que es de unos y no de otros, siendo menos relevante aquello que es de todos. Es decir, se da en base a la propiedad privada y, la más de las veces, en base a decisiones que se toman a partir de evaluaciones que son personales y lo inmediato o coyuntural, dejando en segundo plano los intereses del conjunto. No se plantea una planificación que de lugar a un ordenamiento territorial que implique beneficios para el conjunto. El patrimonio cultural y natural de un territorio es, en lo jurídico, básicamente un bien común al conjunto de los ciudadanos que componen la sociedad a la que pertenece el bien (una catedral, un cabildo, un sitio arqueológico, un río, un bosque, etc). Y es en esta, su esencia, donde encuentra su propio “talón de Aquiles”. En una sociedad individualista un bien común es entendido como una situación de propiedad más o menos difusa, con responsabilidades específicas en cuanto a su resguardo que no suelen ser asumidas plenamente por quienes están encargados de hacerlo.

La actitud de la sociedad, especialmente la de su clase dirigente, de cara a la gestión del patrimonio, es solo reflejo de una situación general que excede incluso al sistema económico (entendiendo lo económico como lo utilitario). Es claro que esta situación tiene el consenso suficiente que le permite tener vigencia. Las tomas de decisión que dan lugar a la intervención del Estado en cuestiones vinculadas con el patrimonio están en función de motivaciones particulares e intereses personales. Así, por ejemplo, por lo general es muy importante el acto de inauguración de una “obra” de preservación o puesta en valor del patrimonio por la difusión pública a la que está asociada. Los tiempos de realización de los trabajos (siempre muy cortos) y el ritmo de inversión (generalmente desproporcionadamente bajos) se aceleran o desaceleran en función de la agenda política que tiene su momento culminante en el acto de la inauguración. Si asiste el gobernador a la inauguración, concurrirá más público a que si asiste alguien de menor rango. A lo largo del tiempo, un edificio histórico puede ser objeto de un sinnúmero de inauguraciones a partir de acciones, generalmente de escasa envergadura e independientes de una planificación a mediano y largo plazo. Todo este proceso es realizado y acompañado por personal que encuentra su oportunidad personal para actuar. El patrimonio como valor social, cultural, científico, educativo es poco relevante para prácticamente todos los actores de este proceso. Cada uno de los actores se encolumna detrás de los intereses de una autoridad política procurando poner su provecho personal al servicio de una causa que no es evaluada críticamente. No hay una adecuación de la gestión del patrimonio a la intención de obtener un resultado de calidad vinculado al bien común, sino que la gestión está en orden a una cadena de intereses personales en los que los fines proclamados son solo una máscara.

Esta estructura piramidal-clientelar del poder y los recursos, supone que la clase más poderosa (política, económica y socialmente) es aquella que detenta los mayores conocimientos en todos los órdenes de la vida, independientemente de la formación profesional que en cada caso tenga el individuo. Y en esta pirámide las lealtades personales que sostienen esta estructura son determinantes. En muchos casos, tal vez por un instinto de supervivencia, la población actúa en función de sus posibilidades individuales de ser parte de esta estructura piramidal que se encuentra detrás de la cadena de toma de decisiones a nivel gubernamental. De alguna manera, ser partícipe de al menos una porción reducida del sistema de corrupción. En este contexto la clase dirigente local puede desentenderse de la búsqueda de conocimientos y soluciones compatibles con las características más destacadas de la dinámica del mundo contemporáneo y de la oferta de un proceso que lleve a la mejora de las condiciones de vida del conjunto de la población Es el sistema vigente del que casi todos quieren ser parte por una cuestión de supervivencia personal y en el que el mayor o menor auge de la cuestión del patrimonio es un hecho circunstancial e intercambiable por cualquier otra línea de pensamiento y acción.

FHyCS-UNJu. UNPA. Grupo Yavi de Investigaciones Científicas. museo@imagine.com.ar

 

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